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09-09-2015

[Comunicados de prensa]

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ANPE-ANDALUCÍA ante el inicio del curso escolar

 

El curso académico que mañana dará comienzo en los niveles de la enseñanza no universitaria en Andalucía, está marcado, en primer lugar, por las incertidumbres generadas por la aplicación de la LOMCE, ley polémica y carente de consenso. Su desarrollo normativo se ve demorado, tanto por el propio gobierno central (como se ha puesto de manifiesto en la espinosa cuestión de las reválidas), como por las administraciones autonómicas, especialmente en aquellas de signo político diferente al de la administración central.
Esta situación de falta de entendimiento entre administraciones educativas afecta negativamente a cuestiones fundamentales como la propia financiación del sistema, por lo que desde ANPE seguimos demandando, como llevamos haciendo desde hace décadas, un gran pacto entre las grandes fuerzas políticas y organizaciones representativas de la comunidad educativa que otorgue la necesaria estabilidad a la Educación.
Con respecto a la realidad concreta del comienzo de curso en nuestra comunidad autónoma, ANPE reclama a la nueva consejera de Educación una política educativa que haga posible una enseñanza de calidad, minimizando el fracaso escolar y mejorando los resultados académicos del alumnado. Ello pasa por una apuesta decidida por la enseñanza pública, única que garantiza la igualdad real de oportunidades, y por su profesorado.
Como paso previo e imprescindible para esa apuesta por la enseñanza pública, demandamos al Gobierno de España y muy especialmente a la Junta de Andalucía el fin de las políticas de recortes, que con tanta dureza se han hecho sentir durante el último lustro.
En el nuevo curso es necesaria una amplia oferta de empleo docente que compense la pérdida de empleo y precarización del mismo en el sector del profesorado de centros docentes públicos de Andalucía. En los tres últimos años se han perdido más de 3.000 puestos de trabajo mientras se ha incrementado en varios puntos el porcentaje de profesorado interino en el global de la plantilla.
La atención a la diversidad de los alumnos con mayores necesidades educativas no puede seguir siendo maltratada, desviando efectivos destinados a las tareas de apoyo educativo hacia la cobertura de ausencias y bajas. Estas deben ser cubiertas diligentemente, para lo que la Consejería debería renunciar al establecimiento de cupos y el Gobierno central debería derogar los nefastos Reales Decretos del año 2012, en virtud de los cuales se incrementó el horario lectivo del profesorado, se establecieron limitaciones a la cobertura de bajas, se favoreció el desborde de las ratios de alumnos por aula y se impusieron tasas de reposición de efectivos que limitaron las ofertas de empleo docente.
La convivencia escolar sigue siendo materia de preocupación para nosotros. La autoridad del profesorado carece de un desarrollo homogéneo en el conjunto del Estado y en el caso andaluz, precisa de un rango de ley que la Junta de Andalucía no parece dispuesta a otorgar.
La mala gestión política del sistema educativo no deja de suscitar nuevos malestares entre el profesorado. Centenares de profesores de FP no podrán trabajar este curso al no haber podido acreditar una formación pedagógica que las administraciones educativas no les han facilitado. En los institutos, los equipos directivos se enfrentan a la difícil tarea de cuadrar un horario lectivo mínimo de 20 horas semanales, lacra heredada de los reales decretos de recortes educativos, con el resto de actividades docentes, en un horario regular que ha vuelto, por sentencia judicial, a ajustarse a las 25 horas establecidas a nivel estatal.
Como funcionarios públicos, los profesores andaluces hemos sido maltratados con mayor dureza que nuestros colegas del resto de España. Hemos sufrido en nuestras carnes recortes retributivos en los años 2013 y 2014, inéditos en el resto de comunidades autónomas. Nuestras ayudas del fondo de acción social, suspendidas. Nuestro derecho a la formación, coartado por la suspensión de las licencias por estudio o de las ayudas específicas para actividades formativas.
No lo merecemos. Un reciente estudio de la propia administración andaluza ha revelado la alta consideración que el profesorado goza entre las familias de los alumnos que cursan estudios en centros docentes públicos. Una consideración justamente ganada con muchísimo esfuerzo, en medio de un mar de dificultades que, un curso más, lastrarán nuestro trabajo cotidiano a favor de un mejor futuro para las nuevas generaciones de andaluces.

Sevilla, 9 de septiembre de 2015.
ANPE-ANDALUCÍA

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